Gobierno promulga Política Nacional de Desarrollo Rural con asesoría directa del profesor Kay Bergamini

Si se toman en cuenta estándares e indicadores de la OCDE y se analiza la realidad territorial del país con un poco más de “lupa”, o aplicando más “zoom”, el porcentaje de la población que vive en ciudades es en realidad del orden del 70% a un 80%, y el resto hace lo propio en territorios rurales.

Números aparte, si bien la mayor cantidad de personas en Chile vive en ciudades, hay que pensar que más del 80% del territorio en el país es rural. Los sectores silvícola, agrícola, pecuario, la pesca o la pequeña minería, y tantos otros sobre los cuales se sostienen gran parte de los sistemas productivos del país, de desarrollan en la ruralidad, y un porcentaje no menor de chilenos y chilenas vive en lo que tradicionalmente se conoce como “el campo”, aunque la nueva visión de ruralidad involucra, además a las caletas, a las áreas protegidas o el desierto.

Así como Chile tiene una Política Nacional de Desarrollo Urbano, e incluso un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (órgano que asesora al Ejecutivo en estas materias), el Estado acaba de promulgar la Política Nacional de Desarrollo Rural, publicada formalmente en el Diario Oficial a principios del presente mes.

Kay Bergamini, académico e investigador del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, junto a otros académicos de esta casa de estudios, participó activamente en el proceso de elaboración de esta política (que viene gestándose desde el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera), y ha sido parte importante de las discusiones y gestión de nuevos instrumentos y de esta nueva institucionalidad que viene a ordenar más la relación entre el mundo urbano y el mundo rural en el país.

¿Cuál es la importancia para Chile de tener una Política Nacional de Desarrollo Rural por primera vez en su historia?

KB: Tiene varios ejemplos o temas donde uno puede aterrizarlo. Primero, si bien siempre hemos tenido una mirada muy urbana del país, asumiendo por supuesto que gran parte de la población del país vive en ciudades, también es cierto que hemos ido olvidando que gran parte del territorio, alrededor del 83%, es rural, por lo tanto, es necesario un instrumento que regule este sector de nuestro país.

En segundo lugar, creo que esta política salda una suerte de deuda que el Estado tenía con el sector rural, y reconoce la necesidad de implementar políticas públicas con visión territorial, porque muchas veces, desde las políticas del Estado hay una visión única, por ejemplo, viviendas instaladas en sectores rurales sin pertinencia o vinculación rural, por lo tanto, lo que hace esta política también es influir en las políticas públicas e imprimir sentidos de pertinencia en todas aquellas intervenciones que se desplieguen en territorio rural.

Y, en tercer lugar, creo que la política marcará mucho el trabajo que se está haciendo con la formulación de nuevos indicadores de calidad de vida rural, donde confluyen factores identitarios, medioambientales, ancestrales, y de distinta índole, y esta política permite reconocer los entornos y los espacios naturales, y asume, en definitiva, que la calidad de vida rural tiene múltiples aristas que deben considerarse, más allá del confort de la vivienda y el entorno inmediato.

¿Qué se entiende por territorio rural en el marco de esta nueva política?

KB: La política define como territorio rural todas aquellas comunas cuyos distritos censales tienen menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, con localidades de menos de 50 mil habitantes. Esto es importante porque viene a re definir las escalas del territorio, porque históricamente lo rural se definía como todo aquello que no era urbano, y viceversa, lo que en algunos casos es bien obvio, pero que se prestaba para confusiones, sobre todo en zonas peri urbanas, en loteos de parcelas de agrado y otros.

Lo anterior también es relevante, porque impactará en las políticas públicas de distinto nivel, porque nos muestra que ante estas nuevas definiciones la población urbana también disminuye. Pensamos que más del 90% de los habitantes del país vive en ciudades, pero estas nuevas definiciones, y conforme a estándares OCDE, nos damos cuenta que ese porcentaje se acerca más bien al 70% u 80%

La ruralidad es mayor a la que veníamos estimando.

¿Cómo se trabajó para llegar a este instrumento?

KB: Esto tiene mucha historia. En 2012, durante el primer gobierno del presidente Piñera, se elabora una política que no alcanzó a ser promulgada. Luego, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se siguió trabajando al alero del Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, donde se llegó a un acuerdo que vino a recoger el segundo gobierno del presidente Piñera para llegar a la política oficial que tenemos hoy. De alguna manera eso habla de una suerte de madurez institucional y política en el aparato público, en tanto un instrumento de esta naturaleza consiguió promulgarse luego de una elaboración que consideró tres gobiernos distintos.

¿Cuál fue tu rol en este equipo?

KB: Fueron inicialmente conversaciones, un poco por mi experiencia en el sector público y en el área de investigación de mi trabajo académico y profesional. Al principio asesoramos la conformación de un departamento de Desarrollo Rural al interior del Ministerio de Agricultura, y luego comenzamos a empujar la generación y promulgación de esta política, junto con otros instrumentos y elementos de trabajo para conformar la Política Nacional de Desarrollo Rural.

Participamos activamente con la Doctora en Estudios Urbanos de nuestra Facultad, Alejandra Rasse, socióloga y académica de la escuela de Trabajo Social de la UC, asesorando la configuración de este instrumento muy importante para el desarrollo de nuestro país.

¿Qué otros académicos trabajaron en este marco?

KB: Además de la profesora Rasse, en otras líneas de la política, más enfocada a los planes e instrumentos, participaron los profesores Arturo Orellana, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, y la profesora Katherine Mollenhauer, de la escuela de Diseño, conduciendo un proceso súper interesante y necesario, cual fue levantar una agenda con diversos municipios rurales para aportar a la política de Desarrollo Rural, y también desde la DESE se han formulado algunos trabajos para diseñar un sistema de indicadores de desarrollo rural y aportar nuevos instrumentos para insertar esta política en los PLADECO.

¿Se ha ido dejando de lado el sector rural en el país?

KB: En general, creo que durante los últimos años nos enfocamos mucho como país y como Estado en el desarrollo urbano, que es sumamente importante, pero hemos ido olvidando que hay miles de chilenos y chilenas que habitan territorios rurales y que cohabitan también simultáneamente la ciudad. Muchas personas trabajan en la ruralidad y viven en la ciudad; mucha gente vive en la ruralidad y trabaja en la ciudad; mucha gente que produce desde la ruralidad aporta con su trabajo con muchos productos que se consumen en la ciudad; muchas zonas peri urbanas de la ciudad quedan en territorios complejos con, por ejemplo, el fenómeno de las parcelas de agrado que si bien es cierto son parte del radio urbano de una comuna, su naturaleza de suelo es rural, y así muchos temas que creo se han ido traslapando con los años.

Esta política nos permitirá, sobre todo cuando se promulgue la Política de Ordenamiento Territorial, ordenar mejor los territorios y regular aspectos más controversiales, como los usos industriales del suelo y la correlación existente entre las zonas urbanas, la ruralidad y los territorios mixtos.

La Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene una instancia formal de asesoría al Ejecutivo, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Se espera un organismo similar en el caso de la Política de Desarrollo Rural?

KB: La política crea el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, pero que se debe conformar y levantar desde cero. También considera consejos regionales y otras instancias. Todo esto debe comenzar a implementarse paso a paso, partiendo por su socialización, conformación de institucionalidad y generación de instrumentos.

El primer paso era la promulgación de la política, lo que ya tenemos. Ahora vendrán las etapas de implementación de sus distintas instancias en las distintas escalas del territorio.

¿Seguirás asesorando al Ejecutivo en la implementación futura de este instrumento?

Más allá de la persona, creo que es deber de la Academia en general siempre estar al servicio de toda política pública que permita ordenar mejor nuestra institucionalidad. En las universidades y centros de investigación se genera conocimiento muy valioso que debe estar al servicio del país, y qué mejor que sea a través del Estado su canalización para impactar en la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, esto es académicamente muy importante, porque nos permite a los académicos vincularnos con la práctica profesional y poder hacer cruces interesantes entre la docencia, la investigación y el ejercicio profesional, algo que agradecen mucho los estudiantes de pre y postgrado, porque sin duda viene a robustecer su formación.

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA
JUAN ANDRÉS INZUNZA