Gran asistencia tuvo el seminario «Del papel a la práctica: Implementando la Ley de Delitos Económicos al Medio Ambiente”

El pasado viernes 3 de mayo fue realizado, en el Campus Lo Contador, el Seminario «Del papel a la práctica: Implementando la Ley de Delitos Económicos al Medio Ambiente”. La actividad contó con gran asistencia y se enmarcó en el inicio del Diplomado en Gestión del Cumplimiento Ambiental, liderado por el académico IEUT, Kay Bergamini.

La Ley de Delitos Económicos 21.595 fue promulgada con fecha 07 de agosto de 2023 e incluye, entre otras materias, la incorporación de delitos sobre el medio ambiente, lo que es una innovación en materia penal en Chile. Durante el primer año, tanto la institucionalidad, entendiendo por estos al Ministerio Público o Servicios Públicos como la Superintendencia del Medio Ambiente o Servicio de Evaluación Ambiental, entre otras, así como empresas o sujetos regulados por norma, han tenido plazo para ir preparándose para su plena implementación que se dará a partir de agosto de este año.

Para dar a conocer experiencias tanto del sector público como privado sobre los preparativos que se han llevado a cabo para implementar la Ley de Delitos Económicos sobre el Medio Ambiente, fueron parte del panel:

Benjamin Muhr, jefe del Departamento de Recursos de Reclamación, Servicio de Evaluación Ambiental, quien abordó las complejidades y desafíos que presenta la nueva normativa para los servicios públicos, particularmente para la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. Describió los ámbitos de intervención de la ley, específicamente respecto a la potestad sancionatoria administrativa y penal. Finalmente, señaló la necesidad de coordinación entre el Ministerio Público y la Superintendencia de Medio Ambiente para efectos de poder realizar las investigaciones pertinentes sin que ello implique un traslape entre las funciones de los servicios públicos: “el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sin duda tendrá un rol muy importante y que también son desafíos de delimitación para afinar criterios que tienen que ver, en primer lugar, con la colaboración que el SEA puede y debe prestar al Ministerio Público, y en segundo lugar, con cómo los procedimientos que el SEA tramita (…) se pueden ver afectados por una investigación penal”.

Andrea Abascal, socia en Bofill Mir Abogados abordó, desde un punto de vista práctico, qué están haciendo las compañías con la entrada en vigencia de la nueva ley y cómo se está trabajando para prevenir la comisión de los delitos mencionados en la normativa. Especialmente porque la ley establece un nuevo catálogo de delitos al que les será aplicable un estatuto sancionatorio diferenciado. Por lo anterior, Andrea mencionó la importancia de contar con modelos de cumplimiento ajustados a la realidad de cada compañía y que estos sean efectivos, eficaces y se mantengan actualizados en el tiempo.

María Luisa Delgado, docente Universidad Santo Tomás y auditora de planes de cierre señaló el impacto de la ley sobre los profesionales y empresas que están asesorando en temas ambientales a la empresa minera, haciendo alusión a las figuras naturales y jurídicas en función de las responsabilidades y sanciones a las que podrían estar sujetos. Indicó que el asesoramiento que los consultores ambientales mineros proporcionan a sus clientes ha tenido que adaptarse significativamente con las regulaciones más estrictas para evitar posibles sanciones legales. Concluyó que, desde el punto de vista del sector educacional, “se debe seguir fomentando el conocimiento específico y estar a la altura de las necesidades presentes y futuras de la industria”.

Finalmente, para culminar con las presentaciones, Milton Rosales, gerente corporativo de Medio Ambiente Teck Resources Limited compartió una mirada desde el sector privado que está trabajando en la implementación de estos modelos y de esta regulación manifestando que “entender los modelos de compliance como hasta el día de hoy operaban muchos de los que hemos trabajado en compañías internacionales es un requerimiento que viene por norma”. Para ello planteó la importancia de sensibilizar transversalmente a la organización, revisar y actualizar el proceso de la toma de decisiones, entrenar a la organización para la implementación del modelo de prevención de delitos, proveer recursos y herramientas para la implementación de controles y, finalmente, establecer ritmos y rutinas para el proceso de aseguramiento.

Finalizadas las exposiciones se dio paso a una mesa de discusión moderada por Emanuel Ibarra, profesor del Diplomado en Gestión de Cumplimiento Ambiental.

Información periodística:
Instituto de Estudios Urbanos